Garantías del debido proceso en el sistema penal español

El debido proceso es un principio fundamental en cualquier sistema de justicia que busca garantizar el respeto a los derechos y libertades de los individuos involucrados en un proceso penal. En el caso del sistema penal español, existen una serie de garantías que aseguran que se cumpla este principio y se respeten los derechos de las personas acusadas de cometer un delito.

Analizaremos las principales garantías del debido proceso en el sistema penal español. Veremos cómo se asegura el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la defensa legal, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos, entre otros aspectos. También examinaremos cómo se aplican estas garantías en la práctica y cuáles son las posibles implicaciones para el sistema de justicia penal en España.

El derecho a un juicio justo y público

El derecho a un juicio justo y público es una de las garantías fundamentales del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía se encuentra consagrada tanto en la Constitución Española como en diversos tratados internacionales de derechos humanos que España ha ratificado.

El artículo 24 de la Constitución Española establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Esto significa que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial e independiente, en un proceso en el que se respeten sus derechos fundamentales y se le brinde la oportunidad de presentar y probar su defensa.

En el ámbito penal, el derecho a un juicio justo implica que el acusado debe ser informado de los cargos que se le imputan de manera clara y precisa. Además, se le garantiza el derecho a ser asistido por un abogado defensor desde el momento de su detención o imputación, y a contar con tiempo y recursos adecuados para preparar su defensa.

Asimismo, el juicio debe ser público, salvo en casos excepcionales en los que la ley establezca lo contrario por razones de seguridad o protección de la intimidad. La publicidad del juicio es esencial para garantizar la transparencia del proceso y permitir que la sociedad pueda evaluar la imparcialidad y legalidad de las actuaciones judiciales.

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En este sentido, el principio de oralidad es otro elemento fundamental del derecho a un juicio justo. Esto implica que las pruebas y argumentos presentados por las partes deben ser expuestos de forma verbal y en presencia de todas las partes involucradas, lo que contribuye a evitar la arbitrariedad y la manipulación de la evidencia.

Por último, es importante destacar que el derecho a un juicio justo no solo se aplica a los acusados, sino también a las víctimas y testigos. Estas personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y dignidad, a ser escuchadas y a participar activamente en el proceso penal.

El derecho a ser informado de los cargos en su contra

El derecho a ser informado de los cargos en su contra es una garantía fundamental del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía se encuentra recogida en el artículo 24.2 de la Constitución Española y establece que toda persona tiene derecho a ser informada de la acusación formulada en su contra de manera clara y precisa.

Esta garantía tiene como finalidad asegurar que el acusado tenga pleno conocimiento de los hechos que se le imputan, de manera que pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Es fundamental que el acusado conozca los detalles de la acusación para poder preparar una estrategia de defensa efectiva y garantizar un juicio justo.

Para cumplir con esta garantía, es necesario que la acusación se formule de manera clara y precisa, evitando ambigüedades o vaguedades que puedan dificultar la comprensión de los hechos imputados. Además, es importante que se informe al acusado de manera oportuna, es decir, antes de que se inicie el juicio, para que tenga tiempo suficiente para preparar su defensa.

En el caso de que la acusación no cumpla con estos requisitos, el acusado puede solicitar la nulidad del proceso por vulneración de su derecho a ser informado de los cargos en su contra. Es responsabilidad del juez garantizar que se respete esta garantía y que el acusado tenga pleno conocimiento de los hechos que se le imputan.

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Importancia y funciones del abogado defensor en el juicio oral

El derecho a ser informado de los cargos en su contra es una garantía esencial del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía asegura que el acusado tenga pleno conocimiento de los hechos que se le imputan y pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Es responsabilidad del juez garantizar que se cumpla esta garantía y que se respeten los derechos fundamentales del acusado.

El derecho a ser asistido por un abogado

El derecho a ser asistido por un abogado es una de las garantías fundamentales del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía está consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que establece que toda persona tiene derecho a la asistencia de un abogado, tanto en la fase de instrucción como en el juicio.

La presencia de un abogado durante todo el proceso penal es esencial para asegurar un juicio justo y equitativo. El abogado actúa como defensor del acusado, ejerciendo su labor de manera independiente y velando por los derechos del imputado en todo momento.

El abogado tiene la responsabilidad de asesorar y representar al acusado desde el momento de su detención o citación, garantizando que se respeten sus derechos y que se cumplan todas las formalidades legales. Además, el abogado tiene el derecho de acceder a toda la información relevante para la defensa de su cliente, incluyendo los documentos y pruebas presentadas por la acusación.

En el caso de que el imputado no pueda permitirse un abogado, el Estado está obligado a proporcionarle uno de oficio, asegurando así que todas las personas tengan acceso a la asistencia letrada, independientemente de su situación económica.

Es importante destacar que el abogado no solo tiene el deber de garantizar que se cumplan los derechos del acusado, sino que también tiene la responsabilidad de presentar los argumentos y pruebas necesarios para la defensa de su cliente. Esto implica que el abogado debe investigar a fondo el caso, entrevistar a testigos, recopilar pruebas y presentar alegatos convincentes ante el tribunal.

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El derecho a ser asistido por un abogado es una garantía esencial del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía asegura que todas las personas tengan acceso a la asistencia letrada y que se respeten sus derechos durante todo el proceso penal. El abogado cumple un papel fundamental como defensor del acusado, velando por sus intereses y garantizando un juicio justo y equitativo.

El derecho a presentar pruebas y a confrontar a los testigos en su contra

El derecho a presentar pruebas y a confrontar a los testigos en su contra es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta garantía, consagrada en el artículo 24 de la Constitución española, se encuentra orientada a asegurar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas.

En primer lugar, el derecho a presentar pruebas permite a la defensa aportar al proceso elementos que puedan favorecer la posición del acusado. Esto implica que el acusado tiene la facultad de proponer pruebas de descargo, como testimonios, documentos u otros medios de prueba que puedan demostrar su inocencia o que puedan poner en duda la versión de los hechos presentada por la acusación.

Por otro lado, el derecho a confrontar a los testigos en su contra implica que el acusado tiene la oportunidad de interrogar y cuestionar a los testigos presentados por la acusación. De esta forma, se busca asegurar que los testimonios sean veraces y se evita la posibilidad de que se presenten declaraciones falsas o manipuladas.

Es importante destacar que este derecho no se limita únicamente a la fase de juicio, sino que también se garantiza durante la etapa de instrucción, en la cual se lleva a cabo la investigación de los hechos. Esto permite que el acusado tenga la posibilidad de participar activamente en la recolección de pruebas y en el interrogatorio de los testigos desde el inicio del proceso penal.

Además, en caso de que el acusado no pueda estar presente en el juicio, se garantiza su derecho a presentar pruebas y a confrontar a los testigos mediante la figura de la videoconferencia. Esto permite que el acusado pueda participar de manera remota en el proceso, asegurando de esta forma su derecho a la defensa.

El derecho a presentar pruebas y a confrontar a los testigos en su contra es una garantía esencial en el sistema penal español. Esta garantía busca asegurar un proceso justo y equitativo, permitiendo al acusado tener la oportunidad de aportar pruebas en su favor y cuestionar los testimonios presentados en su contra.

El derecho a no autoincriminarse

El derecho a no autoincriminarse es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta garantía protege a los acusados de ser obligados a declarar en su contra y de ser sometidos a torturas o tratos inhumanos o degradantes.

En este sentido, el artículo 24.2 de la Constitución Española establece que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo" y que "toda persona detenida tiene derecho a guardar silencio".

Esta garantía se encuentra respaldada por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por España.

La finalidad de esta garantía es evitar que se obtengan pruebas ilícitas mediante la coacción o la violencia. De esta forma, se protege la dignidad y la integridad de la persona acusada, asegurando que su declaración sea voluntaria y libre de presiones.

Es importante destacar que el derecho a no autoincriminarse no impide que el acusado declare en su defensa si así lo desea. Sin embargo, en ningún caso puede ser forzado a hacerlo.

En el sistema penal español, el derecho a no autoincriminarse se materializa en la práctica a través del derecho al silencio. Esto significa que el acusado puede negarse a responder las preguntas que se le formulen durante el interrogatorio policial o judicial.

Además, es importante mencionar que el derecho a no autoincriminarse no solo aplica durante el proceso penal, sino también durante la fase de investigación. Desde el momento en que una persona es detenida o se le imputa un delito, tiene derecho a guardar silencio y a no ser obligada a declarar.

El derecho a no autoincriminarse es una garantía esencial en el sistema penal español que protege la libertad y la dignidad de las personas acusadas. Esta garantía asegura que las pruebas obtenidas sean legales y que la declaración del acusado sea voluntaria y libre de coacciones.

El derecho a un intérprete si no entiende o habla el idioma del tribunal

El derecho a un intérprete es una garantía fundamental en el sistema penal español. En caso de que una persona no entienda o hable el idioma del tribunal, se le debe proporcionar un intérprete para que pueda participar plenamente en el proceso judicial.

Esta garantía se encuentra respaldada por el artículo 24 de la Constitución Española, que establece el derecho a la asistencia de un intérprete para aquellos que no comprendan o no hablen el idioma utilizado en el tribunal. Además, también está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el proceso penal en España.

La presencia de un intérprete es esencial para garantizar la igualdad de armas entre las partes y asegurar que el acusado pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. El intérprete se encarga de traducir en tiempo real las declaraciones, preguntas y respuestas durante el juicio, permitiendo así que el acusado pueda entender y participar activamente en el proceso.

Es importante destacar que el intérprete debe ser imparcial y competente en el idioma utilizado en el tribunal. Además, debe respetar la confidencialidad de las comunicaciones entre el acusado y su abogado, así como cualquier otra información sensible que pueda surgir durante el juicio.

El derecho a un intérprete es una garantía esencial para asegurar un debido proceso en el sistema penal español. Gracias a esta medida, se garantiza que todas las partes puedan comprender y participar plenamente en el proceso judicial, evitando así posibles violaciones de los derechos fundamentales.

El derecho a apelar la sentencia

El derecho a apelar la sentencia es una garantía fundamental dentro del sistema penal español. Esta garantía asegura que toda persona que haya sido condenada por un delito tiene la posibilidad de impugnar la sentencia dictada en su contra.

La apelación es un recurso que permite a la parte condenada solicitar que un tribunal superior revise la sentencia y determine si ha sido dictada correctamente, respetando los principios del debido proceso y los derechos fundamentales del acusado.

Para interponer una apelación, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley. En primer lugar, es importante presentar la apelación dentro del plazo establecido, que generalmente suele ser de diez días hábiles a partir de la notificación de la sentencia.

Además, es necesario fundamentar la apelación, es decir, presentar argumentos sólidos que demuestren que la sentencia es errónea o que se han vulnerado derechos fundamentales durante el proceso penal. Estos argumentos deben ser presentados de manera clara y concisa, para que el tribunal superior pueda evaluarlos de manera adecuada.

Es importante destacar que la apelación no implica necesariamente que la sentencia será modificada o anulada. El tribunal superior puede confirmar la sentencia original, modificarla o incluso dictar una nueva sentencia. Todo dependerá de los argumentos presentados por la parte apelante y de la valoración que realice el tribunal.

El derecho a apelar la sentencia es una garantía esencial dentro del sistema penal español. Permite a la parte condenada impugnar la sentencia dictada en su contra y solicitar una revisión por parte de un tribunal superior. Para ello, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la ley y presentar argumentos sólidos que demuestren que la sentencia es errónea o que se han vulnerado derechos fundamentales.

El derecho a ser tratado con dignidad y respeto durante todo el proceso

El derecho a ser tratado con dignidad y respeto durante todo el proceso es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta garantía se encuentra respaldada por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como por la Constitución española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario

El derecho a la presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales del debido proceso en el sistema penal español. Según este principio, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme dictada por un tribunal competente.

Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que establece que "toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Nadie será condenado sino en virtud de sentencia firme dictada por tribunal competente".

La presunción de inocencia implica que, durante el proceso penal, el acusado no está obligado a probar su inocencia, sino que es el acusador quien tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del imputado. Además, esta garantía implica que cualquier duda razonable sobre la culpabilidad del acusado debe beneficiar a este último, evitando así condenas injustas.

Además, el derecho a la presunción de inocencia implica también que no se puede revelar la identidad del acusado ni difundir información que pueda perjudicar su reputación antes de que se dicte una sentencia firme. Esto se debe a que divulgar información que pueda afectar la presunción de inocencia puede generar un juicio paralelo en la opinión pública, lo cual puede influir negativamente en la imparcialidad del proceso.

El derecho a la presunción de inocencia es una de las garantías esenciales del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía protege los derechos fundamentales de toda persona acusada de un delito, asegurando que se respete su dignidad, su reputación y su derecho a un juicio justo.

El derecho a un plazo razonable para la duración del proceso

El derecho a un plazo razonable para la duración del proceso es una garantía fundamental en el sistema penal español, que busca asegurar que los procedimientos judiciales se desarrollen de manera ágil y eficiente.

Esta garantía está consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución española, que establece que toda persona tiene derecho a obtener una resolución judicial en un plazo razonable.

Para garantizar este derecho, el sistema penal español cuenta con diversas medidas y mecanismos, entre los cuales destacan:

• La agilidad procesal: El sistema penal español busca agilizar los procedimientos judiciales a través de la adopción de medidas como la simplificación de trámites, la utilización de tecnologías de la información y comunicación, y la asignación de recursos adecuados para garantizar una justicia pronta y eficaz.
• El principio de oralidad: En el sistema penal español, los juicios se desarrollan de forma oral y pública, lo que permite una mayor celeridad en la tramitación de los casos y evita dilaciones innecesarias.
• El control judicial de plazos: Los jueces y tribunales tienen la facultad de controlar los plazos de duración del proceso y adoptar las medidas necesarias para evitar dilaciones indebidas.

Además, es importante destacar que el derecho a un plazo razonable para la duración del proceso no es absoluto, y puede ser objeto de limitaciones en determinadas circunstancias, como por ejemplo, cuando existen causas justificadas que justifiquen una demora en el proceso o cuando se trata de casos especialmente complejos.

El derecho a un plazo razonable para la duración del proceso es una garantía fundamental en el sistema penal español, que busca asegurar que los procedimientos judiciales se desarrollen de manera ágil y eficiente, garantizando así el acceso a una justicia pronta y efectiva.

El derecho a la confidencialidad de la información personal y sensibles

El derecho a la confidencialidad de la información personal y sensible es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta garantía tiene como objetivo proteger la privacidad y la intimidad de las personas involucradas en un proceso penal.

En este sentido, el artículo 18.3 de la Constitución Española establece que "se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". Esto significa que ninguna persona puede acceder, interceptar o divulgar las comunicaciones privadas de otra persona sin una autorización judicial previa.

Además, el artículo 197 del Código Penal español establece que la revelación de secretos está castigada con penas de prisión de uno a cuatro años, lo que demuestra la importancia que se le otorga a esta garantía en el sistema penal.

Asimismo, el derecho a la confidencialidad de la información personal y sensible se extiende a otros aspectos del proceso penal, como la protección de datos personales. En este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece las normas para el tratamiento y la protección de los datos personales en el ámbito penal.

El derecho a la confidencialidad de la información personal y sensible es una garantía fundamental en el sistema penal español, que tiene como objetivo proteger la privacidad y la intimidad de las personas involucradas en un proceso penal. Esta garantía se encuentra respaldada tanto por la Constitución Española como por el Código Penal y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El derecho a la no retroactividad de la ley penal

El derecho a la no retroactividad de la ley penal es una de las garantías fundamentales del debido proceso en el sistema penal español. Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución Española, y establece que ninguna persona podrá ser sancionada por acciones u omisiones que en el momento de su realización no fueran constitutivas de delito según el ordenamiento jurídico vigente.

Esta garantía protege a los individuos de posibles cambios legislativos que pudieran perjudicarles retroactivamente, evitando así situaciones de indefensión y asegurando la estabilidad y la seguridad jurídica.

En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha establecido que la retroactividad de la ley penal solo está permitida en casos excepcionales y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se admite la retroactividad de la ley penal cuando esta favorece al reo, es decir, cuando establece una pena más benigna o una exención de responsabilidad que no existía en el momento de la comisión del delito.

Además, es importante destacar que la no retroactividad de la ley penal no solo se aplica a la parte sustantiva del delito, es decir, a la descripción y sanción del comportamiento delictivo, sino también a la parte procesal. Esto implica que ninguna persona podrá ser juzgada ni condenada por un delito en virtud de una ley procesal que no estuviera en vigor en el momento de la comisión del hecho.

El derecho a la imparcialidad del juez o tribunal

El derecho a la imparcialidad del juez o tribunal es una de las garantías fundamentales en el sistema penal español. Esta garantía asegura que todo acusado tenga derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, es decir, que no tenga ningún tipo de interés personal o conflicto de intereses que pueda afectar a su objetividad.

El derecho a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes

El derecho a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta protección se encuentra consagrada en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

En el ámbito del sistema penal español, esta garantía se ve reforzada por el artículo 15 de la Constitución, el cual establece que "nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Este artículo prohíbe cualquier forma de violencia física o psicológica que pueda causar sufrimiento o humillación a una persona.

Además, el Código Penal español también recoge esta prohibición en su artículo 174, donde se establece que "la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, ordene o realice cualquier acto de tortura será castigado con la pena de prisión de seis a nueve años".

Es importante destacar que esta garantía no solo se aplica a los detenidos o condenados, sino que se extiende a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado español. De esta manera, se protege a cualquier individuo frente a posibles abusos por parte de las autoridades.

Para garantizar el respeto a esta prohibición, el sistema penal español cuenta con mecanismos de control y supervisión. Entre ellos se encuentra el Defensor del Pueblo, quien tiene la función de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos y recibir y tramitar las quejas y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de esta garantía.

El derecho a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes es una garantía fundamental en el sistema penal español. Esta protección se encuentra respaldada por la Constitución y el Código Penal, y se extiende a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado. Además, se cuenta con mecanismos de control y supervisión para asegurar su cumplimiento.

El derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia

El derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia es una garantía fundamental en el sistema penal español. Este principio establece que todas las personas tienen derecho a ser tratadas por igual ante la ley, sin importar su raza, sexo, religión u orientación sexual.

En el ámbito penal, esto implica que tanto el acusado como la víctima deben recibir un trato justo y equitativo durante todo el proceso. Esto incluye el acceso a un abogado defensor, la posibilidad de presentar pruebas en su favor y participar activamente en el desarrollo del juicio.

Además, el principio de no discriminación también se aplica a la selección de los jueces y magistrados encargados de llevar a cabo el juicio. Estos deben ser imparciales y no tener ningún tipo de prejuicio hacia ninguna de las partes involucradas en el caso.

El derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia garantiza que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria y justa, sin importar su condición personal. Esto es fundamental para asegurar la confianza en el sistema penal y promover una sociedad más justa y equitativa.

El derecho a la reparación y compensación en caso de violación de los derechos procesales

En el sistema penal español, el respeto al debido proceso es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos y asegurar una justicia equitativa. En este sentido, una de las garantías más importantes es el derecho a la reparación y compensación en caso de violación de los derechos procesales.

La violación de los derechos procesales puede ocurrir en diversas etapas del proceso penal, desde la detención inicial hasta la sentencia final. Cuando se produce una violación de estos derechos, el sistema legal español contempla la posibilidad de que la persona afectada sea reparada y compensada por los daños sufridos.

Para ello, la legislación española establece que las personas que hayan sufrido una violación de sus derechos procesales tienen derecho a presentar una reclamación ante los tribunales. Estas reclamaciones pueden ser presentadas tanto durante el proceso penal como después de la sentencia.

La finalidad de estas reclamaciones es obtener una compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de los derechos procesales. Esta compensación puede incluir tanto daños materiales como morales, y tiene como objetivo reparar el daño causado y restablecer, en la medida de lo posible, la situación anterior a la violación de los derechos.

Es importante destacar que, para que proceda la compensación, es necesario que se demuestre la existencia de una violación de los derechos procesales y la relación de causalidad entre dicha violación y los perjuicios sufridos. Para ello, el afectado deberá presentar pruebas y argumentos convincentes que respalden su reclamación.

En cuanto a la cuantía de la compensación, esta será determinada por los tribunales en función de diversos factores, como la gravedad de la violación de los derechos procesales, la duración del proceso penal y los perjuicios sufridos por la persona afectada. En este sentido, los tribunales tendrán en cuenta tanto los daños materiales como los morales, y podrán fijar una cantidad adecuada para reparar el daño causado.

El sistema penal español garantiza el derecho a la reparación y compensación en caso de violación de los derechos procesales. Esta garantía permite a las personas afectadas obtener una compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de sus derechos, y contribuye a asegurar un sistema de justicia equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el debido proceso?

El debido proceso es un conjunto de garantías que aseguran que una persona sea juzgada de manera justa y equitativa, respetando sus derechos fundamentales.

2. ¿Cuáles son las garantías del debido proceso en el sistema penal español?

En el sistema penal español, las garantías del debido proceso incluyen la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a no autoincriminarse y el derecho a recurrir las decisiones judiciales.

3. ¿Qué significa la presunción de inocencia?

La presunción de inocencia establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal y sin lugar a dudas.

4. ¿Qué implica el derecho a la defensa?

El derecho a la defensa garantiza que toda persona acusada de un delito tenga la posibilidad de contar con un abogado que la represente y asista durante todo el proceso penal.